Durante septiembre, Correctología y Asesoramiento Lingüístico (CAL) estuvo presente en instancias clave de diálogo institucional en Uruguay, reafirmando su compromiso con la expansión del lenguaje claro como herramienta de democratización y modernización del Estado.
El 16 de septiembre, CAL participó en una actividad conjunta con la Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo (AUCE) en el IMPO. El encuentro puso en primer plano la importancia del diagnóstico previo en la revisión de textos, resaltando que comprender la macroestructura es esencial para lograr claridad y accesibilidad. La jornada permitió compartir experiencias con profesionales del ámbito editorial y jurídico, y reforzó la idea de que la corrección y el asesoramiento lingüístico son tareas indispensables en la comunicación institucional.
El 18 de septiembre se desarrollaron dos instancias de especial relevancia. En primer lugar, la reunión en el despacho de la senadora Blanca Rodríguez, reconocida por su larga trayectoria como comunicadora. Fiel a su vínculo con la gente, subrayó la importancia de informar con cercanía y transparencia, y se mostró especialmente receptiva a la necesidad de repensar la manera en que se redactan y difunden las leyes y los mensajes de la administración pública. Para ella, el lenguaje claro es parte de un gesto político que conecta con los procesos de digitalización del Estado uruguayo y que puede fortalecer el vínculo entre instituciones y ciudadanía. Margarita Echeveste, en representación de AUCE, destacó la relevancia de la incorporación de correctores en la Legislatura, como antecedente que demuestra la importancia de este rol en la vida institucional. Desde CAL se insistió en que modernizar el Estado no solo implica digitalizar, sino también humanizar y clarificar la comunicación.
Ese mismo día, tuvo lugar un segundo encuentro en el despacho de la Dra. Verónica Scavone Bernadet, directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU). La reunión puso en foco la necesidad de fortalecer las competencias comunicativas de jueces y magistrados, y de asumir que el lenguaje claro no es un accesorio, sino parte de la ética judicial. La Dra. Scavone destacó el rol del CEJU como agente de cambio, mientras que desde CAL se aportaron experiencias latinoamericanas que muestran cómo la claridad puede consolidarse como política pública. Margarita Echeveste, por su parte, resaltó la importancia de tejer vínculos entre el ámbito judicial y el lingüístico, subrayando que la corrección y el asesoramiento son claves para repensar la comunicación judicial.
En las tres instancias, la presencia de Nuria Gómez Belart en representación de CAL aportó la mirada de la correctología como disciplina y la experiencia en el desarrollo de políticas de lenguaje claro en la región. La articulación con AUCE, el diálogo con el CEJU y la apertura de la senadora Rodríguez marcaron un recorrido que refleja un mismo horizonte: lograr que las instituciones uruguayas puedan comunicarse con claridad, accesibilidad y cercanía.
Los pasos dados en estos días confirman que Uruguay avanza hacia un proceso de transformación comunicativa que acompaña la modernización tecnológica y política del Estado. Y quizás quede abierta una pregunta para el futuro inmediato: ¿será el 2026 el año en que el país dé un paso decisivo con la presentación de un proyecto de ley de lenguaje claro?
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