En una reciente entrevista concedida a ‘La Nación‘, el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, abordó uno de los grandes debates actuales: la necesidad de impulsar el lenguaje claro en las instituciones públicas. Según explicó, la Real Academia Española (RAE) y las academias de la lengua que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) han asumido un papel central en esta tarea, defendiendo el derecho de la ciudadanía a comprender los mensajes que recibe de la administración, la justicia o el poder legislativo.
Oteriño subrayó que la intencionalidad de esta prédica está orientada a los ámbitos administrativos, judiciales y legislativos, así como a los organismos públicos y privados que emiten normas, instrucciones o señales que afectan directamente a la vida de las personas. En estos casos, señaló, el lenguaje claro no es solo una cuestión de estilo, sino un deber ético: “La accesibilidad del lenguaje debe ser una propiedad del Estado de derecho”.
El académico recordó que muchos de los lenguajes de especialidad —jurídico, administrativo o técnico— parten de una lógica distinta a la de la comunicación común, lo que provoca una barrera de comprensión entre emisores y destinatarios. Esa asimetría, afirmó, genera distancia y desigualdad, por lo que las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar que los mensajes lleguen de forma clara y accesible.
Al mismo tiempo, Oteriño hizo una distinción fundamental: la literatura de creación queda al margen de este reclamo, ya que en ella rige la absoluta libertad del autor. La exigencia de claridad, insistió, no busca limitar la expresión artística, sino garantizar los derechos ciudadanos en contextos donde la comprensión es esencial para la vida democrática.